En 1812 los liberales de Cádiz establecieron en aquella Constitución que “todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”.

Esas ideas liberales se fraguaron en la Universidad de Salamanca, donde un grupo de ilustres extremeños al frente de los cuales estaba el Rector serían protagonistas indiscutibles de aquella Constitución. Diego Muñoz Torrero, era aquel Rector Magnífico y Salamanca mantiene una calle en su recuerdo. A Muñoz Torrero, natural de Cabeza del Buey, sacerdote y catedrático, se deben la abolición de la Inquisición y el establecimiento de la libertad de prensa.

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El Ministro Juan Álvarez Guerra, en el salón de retratos del Ministerio del Interior. Bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca.

Fue en Cádiz la primera vez que se reconoció tal derecho en España, y resultó efímero, porque sólo dos años después, hace ahora doscientos años, quienes fueron protagonistas de la lucha contra la invasión francesa y del establecimiento de las libertades en España, estaban presos. Fueron adelantados para su tiempo y víctimas de aquellos que defendían a toda costa unos privilegios inaceptables con el aplauso de un pueblo inculto que gritaba “viva las cadenas”. Jovellanos había afirmado ya que donde falta instrucción no hay opinión pública.

En el portal de archivos españoles (PARES) en el monográfico sobre la guerra de la Independencia del Archivo Histórico Nacional se ha digitalizado el proceso a Juan Álvarez Guerra, Secretario de Gobernación durante la guerra de la independencia, detenido ¡por delitos contra la Nación!. Juan Álvarez Guerra, jurista y hombre polifacético de una familia de personajes ilustres naturales de Zafra, cuyo hermano José fue bisabuelo del poeta Antonio Machado, se ve envuelto en un proceso junto al director del Semanario Patriótico Manuel José Quintana, que se había formado también en la Salamanca del Rector liberal Diego Muñoz Torrero.

Son procesados con ellos, el matemático José Rebollo y el diputado abulense del trienio liberal Eugenio de Tapia. Los cuatro habían sido editores del famoso Semanario Patriótico y por ese grave delito estuvieron largo tiempo en prisión y se ordenó el embargo de todos sus bienes. Nada más clarificador que leer el expediente del Archivo Histórico Nacional.

El Rector salmantino Diego Muñoz Torrero.

Se trata de un certificado del Inquisidor del Santo Oficio que se ratifica respecto a los cuatro editores del Semanario diciendo textualmente: “los cuatro fueron editores del Semanario Patriótico, primer papel que empezó a extraviar a la opinión pública española y en el que se halla el verdadero cuerpo de su delito por hallarse diseminadas en muchos números de aquel periódico las máximas que habían adoptado sus editores, y acalorar los ánimos en contra de nuestras antiguas instituciones…Atacados así horrorosamente el Altar y el Trono tampoco perdonaron fatiga los mencionados editores para hacer la guerra al Clero y la Nobleza, clases del Estado que incomodaban a sus ideas democráticas, porque las veían decididamente dispuestas a sostener los derechos de nuestro soberano Fernando el VII cuya respetable persona no les merecía mejor predicamento que en el que ponían a sus augustos predecesores, siendo el primero de los editores el que más trabajó para desconceptuarle cuando figuró en su periódico que venía S.M. con ochenta mil franceses, casado con una sobrina de Napoleón a tiranizarnos, siendo este discurso la causa del Decreto de las Cortes anterior al de 2 de febrero de 1814 que sirvió de pauta a este; y como sea bien difícil enumerar prolijamente la clase de daños que hicieron estos subversores escritos, conceptúo que sola la inspección madura y detenida de los números del Semanario Patriótico podrá prestar un cabal conocimiento de los que lleva dicho, añadiendo por último que los explicados editores manifestaban en sus conversaciones los mismos principios que procuraban esparcir y vulgarizar en sus escritos. Y para que conste en la causa que se está siguiendo por José Cavanilles y surta efectos convenientes doy la presente en Madrid a 9 de febrero de 1815”.

Patético documento que sirvió para mantener en prisión por un delito de prensa e imprenta a algunos de los pocos ilustrados españoles de aquella época que podrían haber impedido el atraso en que se mantuvo España respecto al resto de Europa.

El expediente contiene numerosas cartas de un cuñado de Juan Álvarez Guerra llamado José de la Peña Álvarez de Lara, pidiendo clemencia en las condiciones de reclusión e intentando evitar la incautación de todos los bienes familiares; ilusorio ejercicio del derecho de petición que era a veces contestado con un escueto “no ha lugar”.

Juan sería diputado en el trienio liberal hasta que nuevamente la libertad de prensa y el resto de libertades se vieron truncadas cuando el Trocadero gaditano era tomado por el duque de Angulema en agosto de 1823.

Paradójicamente la Francia de las libertades era artífice de esta nueva invasión vergonzosa y para más inri esa acción infame siguen recordándola nuestros vecinos utilizando el nombre de la península de la bahía de Cádiz, el Trocadero, para designar unos jardines y plaza Parisinos cercanos a la torre Eiffel en recuerdo de aquella batalla.

El Semanario Patriótico puede consultarse en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. Por otra parte, en Zafra se erigió hace poco una pieza escultórica próxima al Parador de Turismo, en “Homenaje a los liberales de Cádiz”, y en la que puede leerse uno de los artículos de aquella Constitución en la que tanto tuvo que ver Salamanca: “El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”

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