El derecho fundamental a la educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española, supone uno de los pilares del Estado social y democrático de Derecho. En este precepto se establece, además, entre otros derechos y libertades, que la “educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, así como que la “enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

La educación en todos sus niveles y orientaciones, también entendida como formación profesional y continua para el empleo, encabeza el listado de instrumentos que hacen posible que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. La definición del sistema educativo, incluido el universitario, por concretar el régimen jurídico de un derecho fundamental, corresponde al Estado por ley orgánica. Las Comunidades Autónomas, no obstante, ejercen competencias primordiales, como la aprobación de políticas públicas y de disposiciones complementarias y la adopción de las decisiones de gestión. La Constitución reconoce la autonomía de las universidades (artículo 27.10).

En Castilla y León se ha dado históricamente un especial valor a la educación. No en vano ha sido el origen durante siglos de buena parte de los cuadros del Estado. Con la asunción de las competencias educativas, primero de las no universitarias y después de las universitarias, nuestra Comunidad dotó de mayor relevancia aún a la educación. Entre los fines del sistema educativo ha de encontrarse la formación de personas libres, iguales y con derechos, respetuosas con la libertad, la igualdad y los derechos de las demás personas, y cumplidoras de sus deberes. También se halla la garantía de la dignidad, fuente de los derechos y del fomento en igualdad del desarrollo del talento, al servicio de la persona, de la ciudadanía, del progreso social y económico y del bienestar y la concordia.
No sería necesario añadir más sobre la naturaleza esencial del sistema educativo, gran conquista histórica de la sociedad, pero en Castilla y León cuenta con un valor añadido, si cabe, que por su carácter se manifiesta de manera sobresaliente en el sistema universitario. La buena imagen del sistema educativo de nuestra Comunidad se puede convertir en un atractivo adicional, capaz de contribuir al progreso económico y social, pues quienes invierten necesitan disponer de talento para sus empresas y de oportunidades para los hijos e hijas de aquellos que se trasladan para dirigir y prestar su trabajo.

Se ha reflexionado ya en estos Cuadernos sobre la importancia de la universidad y de la ciencia para la superación de esta crisis. Se ha recordado, asimismo, que el preámbulo del Estatuto de Autonomía afirma con acierto que “en las tierras leonesas y castellanas se pusieron en pie las primeras Universidades de España” (y, por ello, de Europa y del mundo), y así se subrayó con la conmemoración en 2018 del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca.

La pandemia de COVID-19 y las restricciones a la movilidad han limitado mucho la habitual llegada de estudiantes a Castilla y León, cuyo sistema universitario está entre los más atractivos a nivel nacional e internacional, así como el intercambio de personal docente e investigador y de administración y servicios. Debe seguir siendo un objetivo prioritario para la Junta y las universidades, reforzado y renovado por las circunstancias, conseguir que este perjuicio no sea duradero y se solucione rápidamente.

La situación económica, la actividad empresarial y el empleo dependen más de lo que suele pensarse del crecimiento de las universidades públicas, aunque solo fuera, que no lo es, por su dimensión como entidades generadoras de empleo directo e indirecto, de inversiones, de parques científicos y tecnológicos, de congresos, de activación cultural, social y empresarial, de I+D+i o de una buena imagen. No se han medido estos efectos suficientemente, ni siquiera la dinamización económica producida por los miles de estudiantes presenciales, profesionales e investigadores que residen en nuestra tierra durante largos periodos, hasta de varios años, adquiriendo bienes y servicios, así como asumiendo individualmente o mediante asociaciones de antiguos alumnos (las preciadas Alumni), una función invaluable de embajadores de Castilla y León.

Urge una gran campaña institucional para promocionar Castilla y León como un lugar único para estudiar. Resulta recomendable la lectura del informe “La parte y el todo. El impacto económico de la Universidad de Salamanca”, dirigido por Rafael Muñoz de Bustillo y elaborado, además, por Rafael Bonete, Miguel Carrera, Fernando Esteve y Rafael Grande. Señala, por ejemplo, que “el impacto económico directo que genera la Universidad de Salamanca ronda los mil millones de euros anuales, lo que supone el 1% del PIB de Castilla y León y el 7% del de la provincia de Salamanca. Aporta asimismo alrededor del 1,3% del empleo de la Comunidad Autónoma, del que al menos un tercio es de alta calidad”.

Artículo recogido en los “Cuadernos para la reconstrucción económica y social” Consejo Económico y Social de Castilla y León.